El salón de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez olía a café recalentado y papel sellado. Afuera, el empedrado de La Antigua sostenía el tráfico habitual de media mañana. Adentro, el ambiente no tenía nada de protocolario. La convocatoria tenía un objetivo directo: definir quiénes ocuparán la representación titular y suplente de las organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE).
La escena rompió la inercia de siempre.
Existe la idea cómoda de que la sociedad civil guatemalteca tiró la toalla frente a los espacios públicos formales por considerarlos lentos o mañosos. Es un diagnóstico a medias. Desencanto sobra, por supuesto; lo que faltaba era organización disciplinada. Esta vez llegamos dieciséis entidades que logramos acreditar expedientes completos, con actas notariales al día y personerías jurídicas vigentes. En los corredores quedó otro grupo significativo que no pudo ingresar por algún detalle administrativo pendiente. El filtro legal fue implacable y no admitió excepciones.
En el salón vimos rostros cercanos y otros con los que hemos chocado fuerte en discusiones previas sobre el territorio. El desarrollo económico local no es una tertulia de amigos complacientes; es una mesa áspera donde chocan visiones encontradas sobre hacia dónde debe ir el gasto público. Lo valioso de la jornada radicó en fijar una línea tajante: el asiento de las ONG ante el CODEDE no puede seguir funcionando como adorno decorativo ni como trampolín para intereses corporativos opacos.
La mecánica del Sistema de Consejos y sus distorsiones prácticas
El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural surgió formalmente con los Acuerdos de Paz y quedó regulado en el Decreto 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala. En su arquitectura legal, la estructura busca articular demandas desde el nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE) hasta el departamental (CODEDE), rematando en el Consejo Nacional (CONADUR). Su propósito explícito consiste en democratizar la inversión pública, obligando al Estado a priorizar obras en consulta directa con sectores civiles no gubernamentales.
La práctica cotidiana desmiente con crudeza ese ideal normativo. Diversos análisis empíricos sobre descentralización fiscal y gobernanza en el país señalan cómo los CODEDE terminan capturados por redes clientelares, donde el situado constitucional y los fondos extraordinarios quedan atomizados en infraestructura gris de escaso impacto estructural (Barrientos, 2014; Morales, 2021). Polideportivos sobredimensionados, muros perimetrales innecesarios y pavimentos que se lavan con el primer invierno absorben presupuestos millonarios mientras los problemas de fondo siguen intactos.
En la mesa del CODEDE confluyen el gobernador departamental, los dieciséis alcaldes de Sacatepéquez, delegaciones ministeriales y representantes gremiales. El sector de las organizaciones no gubernamentales cuenta con un único voto. Uno solo. Sin embargo, cuando ese voto se ejerce con sustento técnico y vigilancia colectiva, altera los equilibrios. El representante civil accede a las matrices de planificación de Segeplán, a las asignaciones de fondos y a los informes de ejecución física. Abandonar esa trinchera deja el campo libre a la discrecionalidad política.
La convergencia en el terreno: educación integral, deporte comunitario y planificación urbana
Frente a esa inercia, tejimos una articulación de trabajo con instituciones cuya legitimidad descansa en trabajo de campo verificable. Destacan dos entidades de Sacatepéquez con trayectoria probada: la Asociación Casa del Niño (CANI) y la Asociación Los Patojos (El Patojismo), ambas con fuerte arraigo social en Jocotenango.
CANI ha sostenido durante años una labor tenaz orientada a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad en Jocotenango, impactando de forma directa a familias de la comunidad de San Isidro. Su modelo opera como un Centro Educativo de Desarrollo Integral que cubre niveles desde preprimaria hasta primaria, con proyecciones claras de ampliarse hacia el ciclo básico. Además, integran programas deportivos, culturales y de salud comunitaria, sosteniendo un alto porcentaje de becas educativas al desarrollo para que las familias de escasos recursos de la zona accedan a formación escolar. Su presencia aporta al debate departamental la realidad de una infancia que requiere condiciones nutricionales, educativas y recreativas mínimas para aspirar a un futuro productivo.
Por su parte, El Patojismo ha levantado una propuesta comunitaria que combina educación popular, arte, nutrición y salud preventiva bajo el liderazgo de Juan Pablo Romero Fuentes (Romero Fuentes, 2019). No teorizan sobre marginalidad desde un escritorio; sostienen una estructura formativa diaria que aleja a niñas, niños y jóvenes del crimen organizado y la precariedad laboral. Su voz en las mesas cívicas refleja la urgencia de invertir en infraestructura social de largo alcance.
El Grupo Gestor de La Antigua Guatemala aportó a esta alianza la visión de desarrollo económico territorial, planificación urbana y análisis técnico de proyectos. La colaboración demostró que el acceso a la educación integral, el deporte formativo y la competitividad productiva no son temas aislados. Forman parte de la misma demanda colectiva: exigir que los fondos departamentales resuelvan carencias estructurales en agua, saneamiento, salud y centros educativos dignos en lugar de diluirse en transferencias clientelares.
La señal de mano alzada y el pacto de fiscalización
El proceso de elección de los representantes titular y suplente se resolvió mediante el mecanismo tradicional de votación: levantando la mano en asamblea plenaria. Tras la acreditación de cada una de las dieciséis entidades con derecho a voto, la mesa directiva procedió al llamado de las propuestas. Uno a uno, los brazos en alto fueron contados en voz alta y registrados en el acta correspondiente frente a la mirada atenta de los delegados. El ejercicio concluyó con la designación de los nuevos representantes que asumirán la curul del sector ante el pleno del CODEDE.
Más allá del conteo de manos, lo determinante ocurrió una vez asentado el resultado.
Dejamos constancia verbal y pública ante todas las organizaciones participantes de que no toleraremos una delegación basada en cheques en blanco. Se acabaron los delegados que asisten a las sesiones de Gobernación Departamental a levantar la mano de forma sumisa o a gestionar favores para sus propios círculos. La investidura pertenece a la asamblea de organizaciones que cumplieron con la ley, no a la persona individual que la ostenta.
El acuerdo colectivo quedó cimentado sobre tres compromisos operativos:
- Rendición de cuentas periódica: Los representantes deberán convocar a reuniones mensuales con las organizaciones acreditadas para informar con actas, dictámenes técnicos y expedientes en mano sobre cada proyecto discutido y cada desembolso aprobado en el CODEDE.
- Voto colegiado: En temas sensibles de asignación presupuestaria y priorización de obras de infraestructura, los representantes no votarán por criterio personal ni bajo presiones externas; deberán acatar las posturas consensuadas por la asamblea civil.
- Mandato revocatorio explícito: Si los delegados desatienden los acuerdos, guardan silencio ante irregularidades manifiestas o respaldan obras cuestionables, el bloque de organizaciones les retirará el respaldo de inmediato y exigirá públicamente su renuncia al cargo.
La literatura contemporánea sobre gobernanza participativa recalca que los mecanismos de consulta ciudadana fracasan cuando son instrumentalizados por el poder político para legitimar decisiones opacas (Gaventa & McGee, 2013). La inclusión formal en mesas de gobierno no garantiza democratización si no existe vigilancia vertical desde las bases. Exigir rendición de cuentas horizontal y amenazar con la sanción social a los propios delegados es la única salvaguarda efectiva para evitar la cooptación institucional (Fox, 2015).
Sacatepéquez frente a sus prioridades reales
El departamento atraviesa tensiones territoriales complejas. El crecimiento urbano desordenado en el Valle de Panchoy ejerce una presión crítica sobre los recursos hídricos; el colapso de las rutas viales entre San Lucas Sacatepéquez, La Antigua y Jocotenango estrangula la logística productiva; y las carencias en plantas de tratamiento amenazan la cuenca regional.
Frente a esa realidad, las inversiones del CODEDE deben dejar de ser un botín político para constructores privados y alcaldías cómplices. Deben responder a diagnósticos territoriales serios.
La presencia articulada de dieciséis organizaciones en la Gobernación Departamental envió un mensaje contundente. Existe una ciudadanía organizada, con solvencia documental y capacidad técnica, dispuesta a disputar la asignación presupuestaria. El respaldo mutuo con instituciones como CANI y El Patojismo consolida un frente de trabajo con amplia representatividad comunitaria.
Estaremos vigilantes en cada sesión de CODEDE. La fiscalización no será pasiva ni complaciente; exigiremos estudios de impacto reales, licitaciones abiertas y rendición de cuentas sistemática. La representación pública es un mandato de servicio sujeto a escrutinio diario, no un privilegio burocrático.
Referencias
- Barrientos, J. (2014). Descentralización fiscal y desarrollo local en Guatemala: Un análisis crítico del Sistema de Consejos de Desarrollo. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
- Congreso de la República de Guatemala. (2002). Decreto Número 11-2002: Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Diario de Centro América.
- Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? World Development, 72, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011
- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. Development Policy Review, 31(s1), s3-s28. https://doi.org/10.1111/dpr.12017
- Morales, H. (2021). El laberinto de la inversión pública: Asignación y ejecución presupuestaria en los Consejos Departamentales de Desarrollo. Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
- Romero Fuentes, J. P. (2019). Educación popular y resistencia comunitaria: La experiencia transformadora de Los Patojos en Jocotenango. Ediciones El Patojismo.